District Court Blocks Administration’s Illegal Border Expulsions

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A district court today issued an order blocking application of the Trump administration’s “Title 42” order to all unaccompanied children, nationwide, in a class-action lawsuit brought by the American Civil Liberties Union, Texas Civil Rights Project, Center for Gender & Refugee Studies, and Oxfam. The challenged order restricts immigration at the border based on an unprecedented and unlawful invocation of the Public Health Service Act, located in Title 42 of the U.S. Code. 

The order has already resulted in the summary expulsion of at least 13,000 unaccompanied children without any due process — even if the child was fleeing danger and seeking protection in the United States and showed no signs of having COVID-19. 

“Today’s ruling is a critical step in halting the Trump administration’s unprecedented and illegal attempt to expel children under the thin guise of public health. The administration’s order has already allowed for the rapid expulsion of more than 13,000 children in need of protection, who were legally entitled to apply for asylum,” said ACLU attorney Lee Gelernt, the lead attorney in the case.

The lawsuit argued that the administration is not authorized to issue the expulsion order under public health provisions in Title 42 of the U.S. Code — provisions that have rarely been used and never in this way. Title 42 does not permit expulsions of non-citizens who are in the United States, nor does it legally allow the removal of children.

"We are thrilled that the court has enjoined this cruel policy, which has placed thousands of vulnerable refugee children in harm's way,” CGRS Director of Litigation Jamie Crook said. “Today's ruling affirms that the Trump administration cannot use the pandemic as a pretext to flout its legal obligations to children fleeing persecution."

Noah Gottschalk, Global Policy Lead, Oxfam America said, "This is an enormous win, first and foremost for the thousands of children and their families who will now have the opportunity to find safe haven, but also for who we are as a nation. Over the last four years, the Trump administration has shamefully turned its back on our country's long legacy as a refuge for people fleeing persecution. Today, we're taking a critical step to begin repairing the damage done by these harmful attacks against our common humanity, and the next step is to rescind the order completely."

“It has taken months and a suit against the government to confirm what we already knew: the Trump administration cannot weaponize a pandemic to destroy long established protections for children with a shadow system of zero-accountability. We will continue to keep this administration and the next, in check,” said Karla Marisol Vargas, senior attorney with the Texas Civil Rights Project.

The case also cited violations of the Trafficking Victims Protection Reauthorization Act, the Administrative Procedure Act, the Immigration and Nationality Act, and the Convention Against Torture. 

The lawsuit, P.J.E.S. v. Wolf, was filed in district court in Washington, D.C. The ACLU of Texas and ACLU of D.C. are co-counsel. 

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Corte Distrital bloquea expulsiones ilegales adelantadas por el gobierno en la frontera

El día de hoy una corte distrital emitió una orden bloqueando la aplicación de la orden “Título 42” del gobierno Trump sobre todos los niños y niñas no acompañados que se encuentren en el territorio nacional. La orden se da en el contexto de una demanda colectiva presentada por American Civil Libertes Union, Texas Civil Rights Project, Centro de Estudios de Género y Refugiados (CGRS, por sus siglas en inglés) y Oxfam. La orden del gobierno que fue demandada restringe la migración en la frontera basándose ilegalmente en la Ley de Servicio de Salud Pública, la cual se encuentra en el Título 42 del Código de EE. UU y que nunca ha sido invocada para estos propósitos.

La orden del gobierno ha resultado en la expulsión sumaria, y sin ningún un debido proceso, de por lo menos 13,000 menores no acompañados, sin considerar si estaban huyendo de peligro y buscando protección en Estados Unidos, y aun cuando no presentaban síntomas de COVID-19.

“La decisión de hoy es un paso crítico para detener el intento ilegal y sin precedentes de expulsar a más de 13,000 niños y niñas bajo el falso pretexto de motivos de salud pública, cuando la realidad es que estos niños tienen derecho a pedir asilo”, dijo Lee Gelernt, abogado de ACLU y abogado principal en el caso.

La demanda argumenta que el gobierno no está autorizado para emitir una orden de expulsiones bajo las disposiciones de salud pública incluidas en el Título 42 del Código de EE.UU. – disposiciones que rara vez han sido invocadas, y nunca en este contexto. El Título 42 no permite la expulsión de extranjeros que estén en Estados Unidos, ni permite legalmente la remoción o expulsión de niños.

“Estamos encantadas que la corte haya detenido esta cruel política, la cual ha puesto a miles de niños refugiados vulnerables en peligro”, dijo Jamie Crook, directora de litigio de CGRS. “La decisión de hoy afirma que el gobierno Trump no puede utilizar la pandemia como pretexto para ignorar las obligaciones legales que tenemos con los niños y niñas que huyen de la persecución.”

Noah Gottschalk, líder de políticas públicas globales en Oxfam América dijo, “primero que todo, esta es una gran victoria para los miles de niños y familias que ahora tendrán la oportunidad de pedir protección, pero también lo es para todos nosotros como nación. A lo largo de los últimos cuatro años, y de manera vergonzosa, el gobierno Trump le ha dado la espalda al largo legado de nuestro país como refugio para aquellos que huyen de la persecución. Este es un paso crítico para empezar a reparar el daño causado por estos ataques en contra de nuestra humanidad. El siguiente paso debe ser rescindir la orden de manera completa”.

“Ha tomado muchos meses y una demanda en contra del gobierno para confirmar lo que ya sabíamos: que el gobierno Trump no puede convertir una pandemia en un arma para destruir las protecciones establecidas desde hace mucho tiempo para los niños, creando así un sistema paralelo en el que no hay ningún tipo de rendición de cuentas. Continuaremos trabajando para lograr que tanto este gobierno como el próximo hagan lo correcto”, dijo Karla Marisol Vargas, abogada sénior en el Texas Civil Rights Project.

La demanda también alega violaciones a la Ley de Reautorización de Protección de Víctimas de Trata de personas, la Ley de Procedimientos Administrativos, la Ley de Inmigración y Nacionalidad, y la Convención contra la Tortura.

La demanda, P.J.E.S. v. Wolf, fue presentada en la corte distrital en Washington D.C.