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A coalition of organizations, including the National Association for the Promotion of Ecological Agriculture (ANAFAE), the Honduran Centre for the Promotion of Community Development (CEHPRODEC), the National Coalition of Environmental Networks and Organizations (CONROA), and the Center for Gender & Refugee Studies (CGRS), submitted an urgent request to the UN Special Rapporteur on the Right to Food, Mr. Michael Fakhri, this month. The request outlines how climate change, environmental degradation, and extractive State policies have undermined the right to food in Honduras. It highlights how these overlapping crises are driving already marginalized communities into deeper poverty, displacement, and hunger.
Honduras has been among the countries most affected by extreme weather over the past three decades. Communities are facing increasingly frequent and intense droughts, floods, and hurricanes. These events have destroyed staple crops, depleted food reserves, and worsened water scarcity. Indigenous communities and smallholder farmers, who rely on land and traditional agriculture for survival, are among the hardest hit. Instead of addressing these problems, the Honduran State has exacerbated them through policies that enable or disregard environmental degradation while prioritizing corporate interests over community well-being.
“Failing to uphold land rights and environmental protections is forcing entire communities to the brink,” said Julie Bourdoiseau, Staff Attorney at the Center for Gender & Refugee Studies (CGRS).“ Hunger and environmental degradation are not inevitable. This is a structural crisis, intentionally fueled by governments and corporations that put their own enrichment over human lives. When people are stripped of the resources they need to survive, they are left with no viable option but to flee their homes.”
“When ancestral practices and community ties are disrupted, the social fabric unravels and resilience fades,” said Donald Hernández, Director at the Honduran Centre for the Promotion of Community Development (CEHPRODEC).“ Policies that displace families from their way of life erode cultural heritage and increase their vulnerability. True solutions must honor traditions, reinforce communal bonds, and guarantee that decisions reflect local values.”
“What we’re seeing on the ground is not development. It is displacement,” said Octavio Sánchez, Director at the National Association for the Promotion of Ecological Agriculture (ANAFAE). “Families are pushed off their land to make way for industrial projects that trample on ancestral values, on the deep-rooted connections communities have to land, water, and collective care. The State is not neutral in this process. It is actively enabling it.”
“The Honduran government is not just failing to protect communities. It is actively punishing those who speak out,” said Dagoberto Diaz, President at the National Coalition of Environmental Networks and Organizations (CONROA). “We urgently need international attention to break the cycle of violence, impunity, and environmental degradation.”
The submission urges the Special Rapporteur to call on the Honduran government to halt regressive legislative initiatives, including proposals that would grant private actors exclusive rights over native seeds. These proposals would criminalize traditional farming practices and strip communities of control over their food systems. It also calls for the rejection of laws that would weaken environmental oversight and fast-track harmful development projects, like open pit mining, without community consent. Finally, it recommends that Honduras ratify and implement key international human rights instruments, including the Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Justice in Environmental Matters in Latin America and the Caribbean (Escazú Agreement).
The coalition calls for rights-based policies that uphold the autonomy, dignity, and food sovereignty of Indigenous and rural communities in Honduras.
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Políticas estatales en Honduras amenazan los derechos a la alimentación, la tierra y la vida, alertan grupos de derechos humanos ante la ONU
Una coalición de organizaciones, entre ellas la Asociación Nacional para la Promoción de la Agricultura Ecológica (ANAFAE), el Centro Hondureño para la Promoción del Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC), la Coalición Nacional de Redes y Organizaciones Ambientales (CONROA) y el Centro de Estudios de Género y Refugiados (CGRS), presentó este mes una petición urgente al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, Sr. Michael Fakhri. La petición detalla cómo el cambio climático, la degradación ambiental y las políticas extractivas del Estado hondureño han socavado el derecho a la alimentación en el país. Señala que estas crisis interrelacionadas están empujando a comunidades ya marginadas hacia una mayor pobreza, desplazamiento y hambre.
Honduras ha sido uno de los países más afectados por los fenómenos meteorológicos extremos en las últimas tres décadas. Las comunidades enfrentan sequías, inundaciones y huracanes cada vez más frecuentes e intensos. Estos fenómenos han destruido cultivos básicos, agotado reservas alimentarias y agravado la escasez de agua. Las comunidades indígenas y los pequeños agricultores, cuya supervivencia depende de la tierra y la agricultura tradicional, figuran entre los más afectados. Lejos de abordar estos desafíos, el Estado hondureño los ha agravado mediante políticas que permiten o ignoran la degradación medioambiental, y que anteponen los intereses empresariales al bienestar comunitario.
“El incumplimiento de los derechos sobre la tierra y la protección del medio ambiente está llevando al límite a comunidades enteras,” afirmó Julie Bourdoiseau, abogada del Centro de Estudios de Género y Refugiados. “El hambre y la degradación medioambiental no son inevitables. Se trata de una crisis estructural, alimentada intencionadamente por gobiernos y empresas que anteponen su propio enriquecimiento a la vida humana. Cuando se priva a las personas de los recursos que necesitan para sobrevivir, no les queda otra opción viable que huir de sus hogares.”
“Cuando se rompen las prácticas ancestrales y los lazos comunitarios, el tejido social se desintegra y la resiliencia se desvanece,” dijo Donald Hernández, director de CEHPRODEC. “Las políticas que desplazan a las familias de su modo de vida erosionan el patrimonio cultural y aumentan su vulnerabilidad. Las soluciones verdaderas deben respetar las tradiciones, reforzar los lazos comunitarios y garantizar que las decisiones reflejen los valores locales.”
“Lo que estamos viendo sobre el terreno no es desarrollo. Es desplazamiento,” dijo Octavio Sánchez, director de ANAFAE. “Las familias son expulsadas de sus tierras para dar paso a proyectos industriales que pisotean los valores ancestrales, los vínculos profundamente arraigados que las comunidades tienen con la tierra, el agua y el cuidado colectivo. El Estado no es neutral en este proceso. Lo está facilitando activamente.”
“El Gobierno hondureño no solo está fallando en la protección de las comunidades. Está castigando activamente a quienes alzan la voz,” afirmó Dagoberto Diaz, presidente de la CONROA. “Necesitamos urgentemente la atención internacional para romper el ciclo de violencia, impunidad y degradación medioambiental.”
La presentación solicita al Relator Especial a que inste al Gobierno hondureño a detener iniciativas legislativas regresivas, como las propuestas que otorgarían derechos exclusivos sobre semillas nativas a actores privados. Estas medidas criminalizarían prácticas agrícolas tradicionales y despojarían a las comunidades del control sobre sus sistemas alimentarios. También se pide el rechazo a las leyes que debilitarían la supervisión medioambiental y acelerarían la aprobación de proyectos de desarrollo dañinos, como la minería a cielo abierto, sin el consentimiento de las comunidades. Finalmente, se recomienda que Honduras ratifique e implemente instrumentos internacionales clave en materia de derechos humanos, incluyendo el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú).
La coalición hace un llamado a la adopción de políticas basas en derechos que respeten la autonomía, la dignidad y la soberanía alimentaria de las comunidades indígenas y rurales de Honduras.