CGRS Condemns Rule Fast-Tracking Deportations of Asylum Seekers

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The Center for Gender & Refugee Studies (CGRS) condemns the Trump Administration’s new rule dramatically expanding expedited removal, announced today and effective tomorrow, July 23. The new rule targets for immediate deportation anyone, anywhere in the country, who cannot prove they have been in the United States for over two years, simply on the word of a low-ranking Immigration and Customs Enforcement (ICE) or Customs and Border Protection (CBP) officer. No administration has taken the expedited removal power to such an extreme in its 22-year existence. Experts on both sides of the aisle have long recognized that such an expansion of the expedited removal program would put many immigrants and asylum seekers at risk of being wrongly deported before having an opportunity to pursue immigration relief.

The new rule could result in thousands of additional deportations without due process. Significant numbers of U.S. citizens and lawful permanent residents have been erroneously deported under expedited removal. Expedited removal also deprives asylum-seeking women, children, and families of their right to apply for protection and present their case before an immigration judge. Asylum seekers placed in expedited removal proceedings rarely have the opportunity to consult with an attorney, and the abbreviated process makes it extremely difficult for those fleeing persecution to disclose experiences of trauma and abuse. As a result, ICE and CBP often fail to refer asylum seekers for a credible fear interview, the initial screening stage for asylum, and instead order their immediate deportation.

The Trump Administration’s new rule will vastly increase the number of individuals subject to expedited removal, exacerbating these problems and endangering the lives of those seeking asylum and other forms of humanitarian relief. Asylum seekers subject to the rule who manage to convince an ICE or CBP officer to refer them for a credible fear interview, and pass it, will find themselves at a severe disadvantage in immigration court proceedings. Without sufficient time to gather evidence from their home country and find an attorney, even those who have escaped the most egregious of abuses may be unable to win their cases. Women, children, and families who have survived unimaginable horrors could be sent back to the very dangers they have fled.

The new rule will also contribute to the continued expansion of our country’s abusive immigration detention system. Individuals placed in expedited removal proceedings are detained until they are deported. Expanding the population of those subject to expedited removal will result in the imprisonment of even more immigrants and asylum seekers, exacerbating overcrowding and dangerous conditions in detention centers.

This drastic policy shift is being rushed into operation on less than 24 hours’ notice, without the usual opportunity to provide public comment in advance. “This new rule is yet another example of the Trump Administration’s determination to undermine our asylum system and curtail the rights of immigrants and asylum seekers with the most draconian measures possible,” CGRS Gender Asylum Campaign Director Kate Jastram said today.

CGRS has deep expertise in the expedited removal process. Founding Director Karen Musalo directed the first academic study of expedited removal, while Senior Staff Attorney and Gender Asylum Campaign Director Kate Jastram was one of three experts designated by the U.S. Commission on International Religious Freedom for a congressionally-mandated study on expedited removal. Musalo, Jastram, and other experts have consistently cautioned against expanding expedited removal until the program’s serious deficiencies are addressed, in particular the frequently-documented failure of CBP and ICE officials to make proper referrals of asylum seekers to the Asylum Office. 

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CGRS condena regla que acelera la deportación de solicitantes de asilo
Lunes, 22 de julio de 2019

El Center for Gender & Refugee Studies (CGRS, por sus siglas en inglés) condena la nueva regla anunciada hoy por la administración Trump, con ejecución efectiva a partir del 23 de julio, en la que se expande la remoción expedita. La nueva regla permite la deportación inmediata de cualquier persona, en cualquier parte del país, que no pueda demostrar a un oficial de bajo rango de los servicios de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) o Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) que han estado en el país por más de dos años. En sus 22 años de existencia, ninguna administración en el pasado ha llevado el poder de la remoción expedita a un límite tan alto como este. Por mucho tiempo ya, expertos en ambos lados del pasillo han reconocido que una expansión como ésta pondría a muchos inmigrantes y solicitantes de asilo en riesgo de ser deportados erróneamente, antes de tener la oportunidad de buscar obtener algún alivio migratorio.

La nueva regla podría resultar en la deportación adicional, y sin un debido proceso, de miles de personas. Un número significativo de ciudadanos y residentes legales permanentes en Estados Unidos han sido erróneamente deportados bajo la figura de la remoción expedita. La remoción expedita también priva a los solicitantes de asilo, sean mujeres, niños o familias, de su derecho a aplicar para recibir protección y presentar sus casos ante un juez de inmigración. Los solicitantes de asilo que son ubicados en procedimientos de remoción expedita rara vez tienen la oportunidad de consultar con un abogado. Además, el procedimiento abreviado hace que sea extremadamente para los solicitantes de asilo el compartir sus historias de trauma y abuso. Como resultado, tanto ICE como CBP frecuentemente fallan en referir a los solicitantes de asilo a una entrevista de temor creíble, la etapa inicial del proceso de asilo, ordenando en vez su deportación inmediata.

La nueva regla de la administración Trump incrementará de manera dramática el número de individuos sujetos a la remoción expedita, lo cual exacerbaría los problemas y pondría en peligro las vidas de aquellos que buscan asilo u otras formas de asistencia humanitaria. Los solicitantes de asilo que se vean sujetos a esta regla y logren convencer a ICE o CBP que los refieran a una entrevista de temor creíble, y la pasen, se verán en una gran desventaja cuando sus casos lleguen a la corte de inmigración. Sin el tiempo suficiente para recolectar la evidencia proveniente de sus países de origen y encontrar un abogado que los represente, incluso aquellos que han escapado las formas de abuso más escandalosas podrían encontrar que es imposible ganar sus casos. Mujeres, niños y familias que han sobrevivido los horrores más inimaginables serían enviados de regreso a los mismos peligros de los que escaparon.

La nueva regla también contribuiría a la continuada expansión del cruel sistema de centros de detención de inmigración existente en nuestro país. Los individuos en procedimientos de remoción expedita son detenidos hasta que son deportados. Expandir la población de aquellos sometidos a la remoción expedita resultará en el encarcelamiento de aún más inmigrantes y solicitantes de asilo, lo cual empeoraría el hacinamiento y demás condiciones subhumanas en los centros de detención.

Este cambio drástico en la política está siendo puesto en funcionamiento con menos de 24 horas de aviso, y sin las oportunidades usuales para realizar comentarios con antelación a su implementación. “Esta nueva regla es otro ejemplo más del constante intento de la administración Trump de socavar nuestro sistema de asilo y limitar los derechos de los inmigrantes y solicitantes de asilo con las medidas más draconianas posibles”, dijo hoy Kate Jastram, directora de la Campaña de Asilo de Género de CGRS.

CGRS cuenta con una gran experiencia en los procesos de remoción expedita. La directora fundadora, Karen Musalo, dirigió el primer estudio académico sobre los procedimientos de remoción expedita, mientras que la abogada sénior y directora de la Campaña de Asilo de Género, Kate Jastram, fue una de las expertas designadas por la Comisión de EE.UU. sobre Libertades Religiosas Internacionales para un estudio sobre remociones expeditas ordenado por el Congreso. Musalo, Jastram, y otras expertas han advertido repetidamente sobre los peligros de expandir el sistema de remoción expedita sin que antes sean tratadas las serias deficiencias del programa, en particular el fracaso frecuentemente documentado de los oficiales de CBP e ICE en referir adecuadamente a los solicitantes de asilo a la Oficina de Asilo.