CGRS Denounces Expansion of Title 42 to Venezuelans

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On Wednesday the Department of Homeland Security (DHS) announced a new parole program that will allow a small number of Venezuelans to enter the United States. The program has been coupled with an expansion of the Title 42 policy, which is now being used to expel Venezuelans seeking safety to danger in Mexico. While the Center for Gender & Refugee Studies (CGRS) welcomes the creation of an additional path to safety for Venezuelans fleeing harm, the Biden administration’s decision to double down on and expand its deadly Title 42 policy will harm far more people than its new parole program will help.

“The right to seek asylum is nonnegotiable, under both U.S. and international law, and refugee protection is not a zero-sum game. Protections for a limited number of Venezuelans should not come at the expense of others seeking safety,” said Kate Jastram, CGRS Director of Policy & Advocacy. “For over two years, the Title 42 expulsion policy has returned vulnerable families, children, and adults to harrowing conditions, resulting in untold suffering and death. It is outrageous that the Biden administration would even consider expanding a policy it has promised to end.”

Although the Biden administration initially defended Title 42 as a necessary pandemic measure – the baseless pretext for the policy devised by the Trump White House – in April the CDC finally admitted what the experts have known all along: There is no public health rationale for expelling people seeking asylum. The Biden administration has since abandoned the pretense that Title 42 has anything to do with COVID-19. DHS’s decision to expel Venezuelans to Mexico, a country where they risk grave harm, marks yet another attempt by the administration to outsource its refugee obligations. 

While litigation brought by anti-immigrant politicians has forced the extension of Title 42, no court has compelled the administration to expand the policy’s application to Venezuelans. It is baffling that the administration would choose to ramp up expulsions, while its attorneys defend its decision to terminate the policy in court. This latest move violates our laws and flies in the face of commitments made by the administration earlier this year at the Summit of the Americas, where the United States, Mexico, and 19 other countries signed the Los Angeles Declaration on Migration and Protection, pledging to protect the safety and dignity of all people seeking refuge.

“President Biden took office with a pledge to restore access to asylum for all people seeking safety,” said CGRS Director Professor Karen Musalo. “Instead, his administration has embraced some of the most egregious policies of the Trump era and pursued a piecemeal approach to refugee protection that deepens inequities and pits vulnerable people against one another. Every person fleeing persecution has the right to apply for asylum in the United States no matter where they come from, and no matter how they get here. The Biden administration must stop playing politics with human lives, and respect domestic and international obligations by fulfilling its promise to end Title 42, once and for all.”

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CGRS denuncia expansión del Título 42 a venezolanos

14 de octubre de 2022 – El miércoles, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció un nuevo Proceso de Control Migratorio que permitirá que un pequeño número de personas venezolanas ingrese a Estados Unidos. El programa se ha combinado con una expansión de la política del Título 42, que ahora se está utilizando para expulsar hacia Méxicoa los venezolanos que buscan protección en Estados Unidos. Si bien el Centro de Estudios de Género y Refugiados (CGRS, por sus siglas) da la bienvenida a la creación de un camino migratorio para los venezolanos que huyen del peligro, la decisión de la administración Biden de insistir en y expandir su política mortal del Título 42 impactará negativamente a muchas más personas que las del nuevo programa ayudará

“El derecho a solicitar asilo no es negociable, tanto en virtud del derecho internacional como de los EE. UU., y la protección de los refugiados no es un juego de suma cero. Las protecciones para un número limitado de venezolanos no deben ser a expensas de otros que buscan protección”, dijo Kate Jastram, directora de políticas e incidencia de CGRS. “Durante más de dos años, la política de expulsión del Título 42 ha devuelto a familias, niños y adultos vulnerables a condiciones desgarradoras, lo que ha resultado en un sufrimiento y muertes difíciles de dimensionar. Además, es indignante que la administración de Biden haya decidido expandir una política que prometió terminar”.

Aunque la administración de Biden inicialmente defendió el Título 42 como una medida necesaria durante la pandemia, el pretexto infundado para la política ideada por la Casa Blanca de Trump, en abril, los CDC finalmente admitieron lo que los expertos han sabido todo el tiempo: no existe una justificación de salud pública para expulsar a las personas que buscan asilo. Desde entonces, la administración de Biden ha abandonado la pretensión de que el Título 42 tiene algo que ver con el COVID-19. La decisión del DHS de expulsar a venezolanos a México, un país donde corren el riesgo de sufrir daños graves, es otro ejemplo de la manera como Estados Unidos continúa externalizando la frontera y sus obligaciones de brindar protección a refugiados.

Mientras que los litigios presentados por políticos antiinmigrantes han obligado la extensión del Título 42, ninguna corte ha obligado a la administración a ampliar la aplicación de la política a los venezolanos. Es desconcertante que la administración opte por aumentar las expulsiones, mientras que sus abogados defienden su decisión de poner fin a la política en los tribunales. Este último movimiento viola nuestras leyes y va en contra de los compromisos asumidos por la administración a principios de este año en la Cumbre de las Américas, donde Estados Unidos, México y otros 19 países firmaron la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, comprometiéndose a proteger la seguridad y la dignidad de todas las personas que buscan refugio.

“El presidente Biden asumió el cargo con el compromiso de restaurar el acceso al asilo para todas las personas que buscan protección”, dijo la directora de CGRS Karen Musalo. “En cambio, su administración ha adoptado algunas de las políticas más atroces de la era Trump y ha abordado la protección de refugiados de manera dispersa y fragmentaria, causando profundas desigualdades y rivalidades entre grupos de personas vulnerables. Toda persona que huye de la persecución tiene derecho a solicitar asilo en los Estados Unidos sin importar de dónde venga ni cómo haya llegado aquí. La administración Biden debe terminar los juegos políticos que afectan vidas humanas, y respetar las obligaciones nacionales e internacionales cumpliendo su promesa de poner fin al Título 42 de una vez por todas”.