Canadian Court Strikes Down Safe Third Country Agreement with United States

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The Center for Gender & Refugee Studies (CGRS) applauds today’s historic decision from the Federal Court of Canada, striking down the Safe Third Country Agreement (STCA) between Canada and the United States. The decision from Justice Anne Marie McDonald found the agreement to be unconstitutional, holding that it violates the guarantee in the Canadian Charter of Rights and Freedoms of the “rights to life, liberty and security of the person[.]” Under the STCA, which was originally implemented in 2004, asylum seekers arriving at the U.S.-Canada land border are, with limited exceptions, denied the opportunity to apply for protection in Canada and instead summarily returned to the United States, where they are held in immigration detention while they pursue their claims.

Justice McDonald ruled today that the United States’ practice of imprisoning asylum seekers constitutes a deprivation of the right to liberty. She also found that the often squalid and unsafe conditions in U.S. immigration detention centers violate asylum seekers’ right to security under the Canadian Charter. Justice McDonald specifically cited to evidence regarding the U.S. government’s detention of asylum seekers in freezing holding cells, use of solitary confinement, and failure to ensure adequate and timely access to medical care. In addition, Justice McDonald held that detention itself impedes the ability of asylum seekers to obtain legal counsel, increasing their risk of being wrongly denied protection and returned to persecution.

The case before Justice McDonald was brought by the Canadian Council for Refugees, Amnesty International, and the Canadian Council of Churches. The plaintiffs were a Salvadoran woman and her children fleeing grievous gang violence, an Ethiopian woman fearing ethnic attacks in her home country, and a Syrian family who initially sought asylum in the United States but decided to seek protection in Canada instead, fearing rising hatred against Muslims following the issuance of the Trump administration’s first Muslim ban.

In making her decision, McDonald weighed the testimony of numerous experts on U.S. law and policy, who addressed the many ways in which the STCA fails to meet international norms and standards. CGRS Director Professor Karen Musalo, who was one of the witnesses relied upon by the court, was heartened by McDonald’s decision today. “It should be a wake-up call for all Americans when our asylum system is seen as one that violates the right to ‘life, liberty and security’ of those who flee to our shores seeking protection,” Musalo said.

Justice McDonald suspended her judgement for six months to allow the Canadian Parliament time to respond, which means that today’s decision will not go into immediate effect. However, CGRS urges the Government of Canada to suspend returns to the United States under the STCA while the Parliament considers its response.

“Justice McDonald’s decision lays bare the grave risks that asylum seekers face under the agreement, which have been compounded by the alarming spread of COVID-19 in U.S. immigration detention centers,” Professor Musalo said today. “Returns to these conditions must not continue even one day more.”

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Corte canadiense derriba acuerdo de tercer país seguro con Estados Unidos

El Centro de Estudios de Género y Refugiados (CGRS, por sus siglas en inglés), aplaude la histórica decisión emitida hoy por la Corte Federal de Canadá que efectivamente derribó el Acuerdo de Tercer País Seguro suscrito entre dicho país y Estados Unidos. En su decisión, la magistrada Anne Marie McDonald declaró que el acuerdo es inconstitucional por violar las garantías a los “derechos a la vida, la libertad y la seguridad de la persona” que se encuentran consagrados en la Carta de Derechos y Libertades de Canadá. Bajo el acuerdo de tercer país seguro, el cual empezó a implementarse en 2004 y solo admite limitadas excepciones, las personas solicitantes de asilo que arriban a la frontera con Canadá no tienen la oportunidad de aplicar para recibir protección allí y en vez son regresados sumariamente a Estados Unidos, donde a su vez son ubicados en centros de detención mientras sus casos progresan.

La magistrada McDonald declaró que la práctica de Estados Unidos de encarcelar a solicitantes de asilo viola el derecho a la libertad. También encontró que las deplorables condiciones dentro de los centros de detención para inmigrantes en Estados Unidos afrentan contra el derecho a la seguridad personal consagrado en la Carta Canadiense. La magistrada McDonald mencionó específicamente la evidencia que demuestra que el gobierno de Estados Unidos detiene a solicitantes de asilo en celdas extremadamente frías, hace uso de confinamiento solitario, y no garantiza que las personas detenidas tengan acceso a servicios de salud de manera oportuna y adecuada. Además, la magistrada resaltó que la detención migratoria impide la habilidad de los solicitantes de asilo de encontrar representación legal, lo cual aumenta el riesgo a que se les niegue protección injustamente y sean enviados de regreso al peligro del que escaparon.

El caso fue presentado por el Consejo Canadiense para Refugiados, Amnistía Internacional, y el Consejo Canadiense de Iglesias. Entre los demandantes se encuentran una mujer salvadoreña que se vio forzada a huir con sus hijos para evadir la violencia de las pandillas, y una mujer etíope que teme ataques étnicos en su país. Los demandantes también incluyen a una familia siria que aplicó para recibir protección en Estados Unidos inicialmente, pero que prefirió ir a Canadá en cambio por temor a la creciente hostilidad contra musulmanes que se dio luego de que el presidente Trump emitiera la orden ejecutiva que prohibió la entrada a Estados Unidos de nacionales de ciertos países predominantemente musulmanes.  

Al tomar la decisión, McDonald consideró los testimonios de varios expertos en derecho y política migratoria de Estados Unidos, los cuales explicaron las muchas maneras en las que el acuerdo de tercer país seguro no cumple con normas y estándares internacionales. La profesora Karen Musalo, directora de CGRS y quien brindó uno de los testimonios que la corte consideró, se vio alentada al recibir las noticias de la decisión. “Debe ser un motivo de alarma para todos los americanos el hecho que nuestro sistema de asilo sea reconocido como uno que viola los derechos a la ‘vida, la libertad y la seguridad’ de aquellos que llegan a nuestras fronteras buscando protección”, dijo Musalo.

Los efectos de la decisión se encuentran suspendidos por seis meses mientras el parlamento canadiense responde, lo que quiere decir que la decisión no se implementará inmediatamente. No obstante, CGRS urge al gobierno de Canadá a que suspenda los retornos de migrantes a Estados Unidos bajo el acuerdo mientras el parlamento determina cómo responder.

“La decisión de la magistrada McDonald hace evidentes los graves riesgos que los solicitantes de asilo enfrentan bajo el acuerdo, los cuales solo se han visto agudizados por el contagio acelerado del COVID-19 dentro de los centros de detención para inmigrantes en Estados Unidos”, dijo la profesora Musalo. “Los retornos bajo estas condiciones no deben continuar ni un día más.”