Esta semana, legisladores demócratas, ex funcionarios del gobierno, defensores de los derechos humanos, profesores de derecho de inmigracion y decenas de organizaciones religiosas presentaron escritos amicus curiae (amigos de la corte) en apoyo de las personas que buscan asilo. Los escritos se presentaron en el caso Noem v. Al Otro Lado, programado para ser visto por la Corte Suprema de EE. UU. el 24 de marzo, que concierne a la antigua política de devolución en la frontera sur. Bajo esta política, a las personas que buscaban seguridad en los cruces fronterizos de EE. UU. se les impedía físicamente solicitar asilo y acceder al proceso legal, y en su lugar se les obligaba a regresar a México, donde muchas enfrentaron graves riesgos.
Los recurridos en el caso, la organización de defensa legal Al Otro Lado y unde solicitantes de asilo perjudicados por la política de devolución, presentaron su escrito ante la corte la semana pasada, argumentando que la política de devolución violó la ley federal. A continuación, se presenta un resumen de los escritos presentados por los amici curiae esta semana.
26 LEGISLADORES DEMÓCRATAS
“El Congreso decidió quién puede solicitar asilo y cómo funciona el proceso porque tenemos la autoridad sobre la política migratoria. El presidente no puede borrar ni revocar esas decisiones bloqueando físicamente el acceso al proceso legal. Si una administración considera que una ley ya no funciona, puede acudir al Congreso con una propuesta para modificarla, pero no puede eliminar ni reescribir la ley por su cuenta. Permitir ese tipo de maniobra ejecutiva para evadir la ley es un ataque directo a la separación de poderes”, declaró el representante Jamie Raskin, miembro de rango del Comité Judicial de la Cámara de Representantes.
“El Congreso ha ejercido repetidamente su autoridad constitucional para aprobar leyes que crean vías de inmigración legal para quienes desean venir a Estados Unidos. La administración Trump no puede ignorar la ley federal y pretender que estas vías legales no existen. Ni las órdenes ejecutivas, ni las enfermizas fantasías de Stephen Miller, podrán jamás estar por encima de la ley federal. Si la Casa Blanca quiere cambiar la ley de inmigración, siempre debe hacerlo ante el Congreso”, afirmó el representante Bennie G. Thompson, miembro de rango del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes.
“El Congreso tiene autoridad sobre el asilo y las vías legales de inmigración, no Donald Trump, Stephen Miller ni ningún funcionario del poder ejecutivo que busque rechazar ilegalmente a personas que buscan protección en nuestro país sin garantizarles el debido proceso. La inhumana política inhumana de la administración Trump de rechazar a posibles solicitantes de asilo antes de que pisen suelo estadounidense constituye una clara violación de la ley federal y una mancha en nuestro legado como nación de inmigrantes. Nuestro escrito deja claro que el presidente Trump no puede reescribir unilateralmente las reglas de nuestro sistema de inmigración; necesita una ley aprobada por el Congreso, no un atajo ilegal”, declaró el senador Alex Padilla, miembro de rango del Subcomité de Inmigración de la Comisión Judicial del Senado.
Vea su declaración completa y lea el escrito aquí.
EX FUNCIONARIOS BIPARTIDISTAS DE ALTO NIVEL DEL GOBIERNO
Un grupo bipartidista de ex altos funcionarios del gobierno, entre ellos ex funcionarios de los Departamentos de Seguridad Nacional, Estado, Justicia, Salud y Servicios Humanos de EE. UU., el Servicio de Inmigración y Naturalización de EE. UU. y el Consejo de Seguridad Nacional, escriben: “El asilo no es un obstáculo para la seguridad fronteriza ni un privilegio que pueda concederse únicamente cuando el gobierno lo considere conveniente. Es un pilar fundamental de la ley de inmigración de Estados Unidos, uno que refleja el compromiso duradero de nuestro país de contribuir a formar una unión más perfecta protegiendo y acogiendo a las personas vulnerables que llegan a las puertas de nuestra nación huyendo de la persecución.”
Sostienen que, con base en su experiencia colectiva a lo largo de cuatro décadas y al menos seis administraciones presidenciales, el gobierno de los Estados Unidos ha equilibrado de manera consistente sus obligaciones de determinar fielmente la elegibilidad para la admisión en la frontera con la obligación igualmente importante de garantizar que las personas que llegan a la frontera en busca de protección reciban acceso a un proceso legal justo.
Vea el pronunciamiento completo y lea el escrito aquí.
AMNISTÍA INTERNACIONAL, HUMAN RIGHTS FIRST, HUMAN RIGHTS WATCH Y PHYSICIANS FOR HUMAN RIGHTS
“La política de devolución en cuestión en este caso causó daños físicos y psicológicos significativos a los solicitantes de asilo y violó las obligaciones legales internacionales de Estados Unidos, codificadas y reconocidas en la ley nacional”, escriben Amnistía Internacional EE. UU., Human Rights First, Human Rights Watch y Physicians for Human Rights. “Las personas y familias sujetas a la política de devolución fueron rechazadas en los puertos de entrada a lo largo de la frontera estadounidense y obligadas a esperar, a menudo durante meses, en ciudades fronterizas de México. Allí, sufrieron violencia, secuestros, extorsión, agresión sexual, robos, inseguridad alimentaria y condiciones de vida atroces que perjudicaron su salud”.
CONSTITUTIONAL ACCOUNTABILITY CENTER “Este caso implica la aplicación del derecho estadounidense a las interacciones entre funcionarios fronterizos que se encuentran en territorio estadounidense y solicitantes de asilo en los puertos de entrada, lo cual cae claramente dentro la autoridad de los Estados Unidos”, escribe el Center for Constitutional Accountability. “Durante décadas, el gobierno federal ha ejercido autoridad y control, no solo sobre los solicitantes de asilo dentro del país, sino también sobre quienes intentan ingresar a Estados Unidos a través de los puertos de entrada. Además, la legislación moderna estadounidense de asilo de EE. UU. deriva de las obligaciones del país en materia de derecho internacional hacia los solicitantes de asilo. Como ha dejado claro la Corte Suprema, estas obligaciones deben ser un elemento clave para determinar el alcance de la ley”.
Obtenga más información y lea el escrito aquí.
GLOBAL STRATEGIC LITIGATION COUNCIL
“El principio de no devolución se reconoce globalmente como la piedra angular del derecho internacional de los refugiados y de su protección. El principio de no devolución, consagrado en el artículo 33(1), se aplica a la conducta de los Estados en la frontera y, por lo tanto, a la política de devolución. Este principio fundamental exige el acceso a procedimientos justos y efectivos para determinar el derecho de los solicitantes de asilo a la protección contra la devolución”, escribe el Global Strategic Litigation Council. “Cualquier postura contraria constituye una desviación injustificada de la interpretación consolidada del principio de no devolución, socavando la protección esencial del derecho internacional de los refugiados.”
HIAS
“Hemos estado en ambos lados de esta historia: abogando por los pasajeros del St. Louis en 1939 y asistiendo a las familias obligadas a esperar en México en años recientes”, afirmó Beth Oppenheim, directora ejecutiva de HIAS. “El costo humano de negar la entrada no es teórico. Se mide en vidas interrumpidas, puestas en peligro y, en ocasiones, perdidas. La corte debe mantener la clara promesa de la ley estadounidense: que quienes llegan a nuestros puertos de entrada tienen el derecho a solicitar protección.”
Vea la declaración completa de HIAS y lea el resumen aquí.
PROFESORES DE DERECHO DE INMIGRACIÓN
“Los peticionarios argumentan que el gobierno puede usar su poder coercitivo para 'medir' a los solicitantes de asilo —una práctica empleada por los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos para rechazarlos, incluso bloqueando a personas que se encuentran a pocos pasos de cruzar la frontera en un puerto de entrada a Estados Unidos, y negarles el acceso al proceso de asilo que exige la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA)”, escriben 18 profesores de derecho de inmigración cuyas investigaciones, publicaciones académicas, y becas se centran en el derecho migratorio. “Para lograr esto, los peticionarios piden a esta corte que ignore el lenguaje claro, el contexto legal, la historia y el propósito de los artículos 8 U.S.C. §§ 1158 y 1225, para así evadir sus obligaciones mandadas por el Congreso hacia los solicitantes de asilo que se han presentado en un puerto de entrada pero aún no se encuentran dentro del territorio de Estados Unidos”.
CENTRO KAIROS PARA LAS RELIGIONES, LOS DERECHOS Y LA JUSTICIA SOCIAL, LIDERANDO UNA COALICIÓN DE 31 ORGANIZACIONES DE FE
Un grupo interreligioso de 31 organizaciones, tradiciones y coaliciones religiosas, que representan las principales tradiciones de fe practicadas por miles de millones de personas en todo el mundo, escribe para destacar cuán extrema e insostenible que es la interpretación del gobierno de nuestras leyes de asilo desde una perspectiva histórica, religiosa y social. La interpretación del gobierno le permitiría bloquear a los solicitantes de asilo que llegan a la frontera de buscar protección legal contra la persecución. Esta postura es incompatible con la comprensión fundacional de nuestro país sobre la obligación moral de la sociedad de proteger a las personas perseguidas, una obligación reflejada en nuestras tradiciones más sagradas e incorporadas en nuestro sistema de asilo.
CONFERENCIA DE OBISPOS CATÓLICOS DE LOS ESTADOS UNIDOS (USCCB, por sus siglas en inglés)
“La USCCB escribe para subrayar que los defectos en la política de devolución van mucho más allá del testo literal. Esta política viola la obligación de proteger a los refugiados, un principio legal y moral fundamental que se extiende a lo largo de casi dos milenios de fe católica, el consenso humanitario internacional y la historia de esta nación. Lo que la fe enseña, la ley lo ordena, al menos en este caso. Bendecir la interpretación que el gobierno hace de la [ley], y así abrir la puerta al restablecimiento de la política de devolución, sería un desastre moral, no solo un error jurídico.
SOBRE ESTE CASO
El 17 de noviembre de 2025, la Corte Suprema aceptó la solicitud de la administración Trump de revisar un fallo del la corte de apelaciones de Noveno Circuito que declaró ilegal la antigua política de "devolución" del gobierno estadounidense, también conocida como "metering". Bajo esta política, los agentes fronterizos bloquean físicamente a las personas que intentaban presentarse en los puertos de entrada de la frontera sur para solicitar asilo, obligándolas a regresar a México. La Corte escuchará los argumentos orales el martes 24 de marzo.
El Consejo Americano de Inmigración, el Centro de Estudios de Género y Refugiados(CGRS), el Centro de Derechos Constitucionales, Democracy Forward, y el Instituto de Defensa y Protección Constitucional representan Al Otro Lado en el caso.
Para acceder a los escritos legales y más información sobre el caso, consulte las páginas de casos de las organizacionesque aparecen a continuación y el sitio web de la campaña asociada, No Turning Back (No hay vuelta atrás).
https://cgrs.uclawsf.edu/es/nuestro-trabajo/litigio/noem-v-al-otro-lado