Miles de personas fueron negadas del derecho a solicitar asilo y obligadas a regresar al peligro; el caso tiene implicaciones para los derechos de los refugiados
Defensores de inmigrantes argumentaron hoy ante la Corte Suprema que la política de rechazo del gobierno de Trump violó la ley federal de inmigración. Bajo esa política, ya eliminada, agentes de inmigración en cruces fronterizos oficiales bloqueaban física e indefinidamente el paso a personas que buscaban protección, impidiéndoles pisar suelo estadounidense e ignorando su obligación legal de inspeccionar y procesar a quienes solicitaban asilo.
“Por más de 45 años, el Congreso ha garantizado a las personas que llegan a nuestras fronteras el derecho a solicitar asilo, en consonancia con nuestras obligaciones internacionales en virtud de tratados”, declaró Kelsi Corkran, directora para la Corte Suprema del Institute for Constitutional Advocacy and Protection, quien presentó los argumentos orales en el caso. “Sin embargo, este gobierno considera que el Congreso le otorgó la discreción de ignorar por completo esos requisitos y rechazar a su antojo a quienes buscan refugio. Nada en la ley respalda ese resultado.”
La política de rechazo, eufemísticamente denominada “conteo” (metering, en inglés) por funcionarios del gobierno, rompió con prácticas establecidas y violó la ley. Le negó el derecho a solicitar asilo a miles de personas, obligándolas a permanecer en condiciones peligrosas en México o a regresar al peligro del que habían huido.
En 2017, Al Otro Lado, una organización binacional que brinda asistencia legal y humanitaria gratuita a inmigrantes, junto con un grupo de solicitantes de asilo, presentaron una demanda colectiva impugnando la política, la cual los tribunales declararon ilegal en 2022 y en 2024. Aunque la política de rechazo no ha estado vigente desde 2021, el gobierno de Trump solicitó a la Corte Suprema que revocara la decisión de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito que declaró la política ilegal.
“El derecho a solicitar asilo no es una preferencia de política ni un vacío legal; es una promesa hecha a los seres humanos en su momento más desesperado, una promesa forjada después de que el mundo fue testigo de los horrores del Holocausto y dijo ‘nunca más’. Solicitar asilo no es como tomar un número en una cola y esperar tu turno”, dijo Nicole Elizabeth Ramos, directora del Proyecto de Derechos Fronterizos de Al Otro Lado, demandante en el caso. “Las personas rechazadas en nuestra frontera huyen de violaciones, torturas, secuestros y amenazas de muerte. No se le puede decir a familias que huyen por su vida que regresen y esperen en peligro porque su sufrimiento es inconveniente. Presentamos este caso porque Estados Unidos asumió un compromiso legal y moral de proteger a las personas que huyen de la persecución. La pregunta ante la Corte es si esa promesa aún significa algo, o si puede desecharse cuando resulta políticamente incómoda.”
Durante más de un siglo, bajo las leyes de inmigración de Estados Unidos, los funcionarios del gobierno han tenido la obligación de inspeccionar a las personas que solicitan asilo y que se presentan en los puntos de entrada designados a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, al igual que deben inspeccionar a todos los extranjeros que solicitan la admisión al país. Este requisito protege a las personas vulnerables y garantiza que el gobierno no las devuelva al peligro sin antes darles la oportunidad de solicitar protección.
“La política de rechazo del gobierno pisoteó nuestras leyes y nuestros compromisos internacionales. Generó caos y desorden en la frontera sur. Y fue una catástrofe humanitaria sin precedentes, que dejó a miles de refugiados vulnerables expuestos a un peligro grave”, dijo Melissa Crow, directora de litigios del Center for Gender & Refugee Studies (CGRS). “Muchas personas perdieron la vida a causa de esta política. Hoy estamos en la Corte Suprema por ellas, y por todos los que siguen viendo en los Estados Unidos un lugar de esperanza, donde los perseguidos pueden encontrar seguridad. Nunca dejaremos de luchar por los derechos de las personas que buscan protección en el umbral de nuestra nación.”
“Esperamos que la Corte rechace el intento cínico de la administración de manipular el concepto de frontera para eludir las protecciones más fundamentales del derecho internacional y seguir dejando a solicitantes de asilo vulnerables sin amparo”, dijo Baher Azmy, director jurídico del Center for Constitutional Rights. “Nuestras obligaciones humanitarias en virtud de tratados, forjadas a partir de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, son demasiado importantes para quedar sujetas a los caprichos de CBP.”
“El intento del presidente Trump de abandonar a los solicitantes de asilo que huyen del peligro, temiendo por sus vidas, es un exceso ilegal que pone en circunstancias desesperadas a miles de personas, incluidos niños y niñas”, dijo Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward. “Democracy Forward se enorgullece de trabajar con estos valientes demandantes y nuestros aliados para proteger los derechos de las personas que solicitan asilo.”
“La política ilegal de rechazo del gobierno de Trump ha violado la ley estadounidense y el derecho internacional, sembrando además el caos en nuestra frontera sur”, dijo Rebecca Cassler, Senior Litigation Attorney at the American Immigration Council. “Pero sobre todo, no podemos perder de vista a las personas en el centro de este caso: los cientos de miles de solicitantes de asilo vulnerables que fueron devueltos al peligro y, en algunos casos, a la muerte. Ante todo, merecen justicia.”
Para ver la grabación de la conferencia de prensa en los escalones de la Corte Suprema tras los argumentos orales, haga clic aquí.
Para ver la grabación de la vigilia interreligiosa celebrada frente a la Corte esta mañana, haga clic aquí.
Para más información sobre el caso, visite el sitio web de la campaña, No Turning Back.
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Al Otro Lado brinda apoyo legal y humanitario integral a refugiados, deportados y otros migrantes en Estados Unidos y Tijuana a través de una práctica multidisciplinaria, centrada en el cliente y basada en la reducción de daños. Llevan a cabo representación individual, monitoreo de derechos humanos, alianzas médico-legales y litigios de impacto para proteger los derechos de los inmigrantes y solicitantes de asilo.
El American Immigration Council trabaja para fortalecer a Estados Unidos, transformando la manera en que el país piensa y actúa hacia los inmigrantes y la inmigración, y avanzando hacia un sistema migratorio más justo y equitativo que abra sus puertas a quienes necesitan protección y aproveche la energía y las habilidades que los inmigrantes aportan. El Consejo reúne a personas comprometidas con soluciones y emplea cuatro enfoques coordinados para impulsar el cambio: litigios, investigación, incidencia legislativa y administrativa, y comunicaciones.
El Center for Gender & Refugee Studies defiende los derechos humanos de los valientes refugiados que solicitan asilo en los Estados Unidos. Con enfoque estratégico y una experiencia jurídica sin igual, CGRS impulsa los casos más difíciles, lucha por el debido proceso y promueve políticas que garanticen protección y justicia para los refugiados.
El Center for Constitutional Rights trabaja junto a comunidades amenazadas para luchar por la justicia y la liberación a través de litigios, incidencia y comunicación estratégica. Desde 1966, el Center for Constitutional Rights ha luchado contra sistemas opresivos de poder, incluido el racismo estructural, la opresión de género, la inequidad económica y el abuso gubernamental.
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