Un tribunal federal de apelaciones resolvió hoy que la proclamación emitida por el presidente Trump en su primer día en el cargo, cuyo objetivo era cerrar por completo el acceso al asilo en la frontera, es ilegal.
La Corte de Apelaciones del Circuito de Washington, D.C. rechazó el argumento de la administración Trump de que la llamada proclamación “212(f)” faculta al presidente a deportar de manera sumaria a las personas solicitantes de asilo que crucen la frontera, sin permitirles solicitar protección, como exige la ley aprobada por el Congreso. La proclamación invocó de forma fraudulenta la existencia de una supuesta “invasión” como pretexto para negar las protecciones de asilo a personas en riesgo de persecución.
La corte sostuvo que el gobierno no puede eludir ni desnaturalizar el régimen legal establecido por el Congreso mediante procedimientos extraestatutarios destinados a impedir que las personas soliciten asilo, una práctica que pone en peligro la vida de decenas de miles de personas.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), el National Immigrant Justice Center, el Center for Gender & Refugee Studies, el Texas Civil Rights Project, la ACLU del Distrito de Columbia y la ACLU de Texas interpusieron la demanda federal en nombre del Refugee and Immigrant Center for Education and Legal Services, Las Americas Immigrant Advocacy Center y el Florence Immigrant & Refugee Rights Project —organizaciones que brindan representación legal a personas solicitantes de asilo— así como de una clase nacional de personas a quienes se les ha impedido solicitar protección en Estados Unidos en virtud de esta proclamación.
A continuación, reacciones al fallo de hoy:
“Esta decisión pone fin a la política inhumana de Trump de devolver a las personas, incluyendo familias con niñas y niños pequeños, a situaciones de peligro extremo, sin siquiera concederles una audiencia”, afirmó Lee Gelernt, abogado de la ACLU quien sustentó los alegatos en la apelación. “La corte dejó claro que el presidente no tiene facultad unilateral para anular el conjunto de normas de asilo establecidas por el Congreso”.
“El tribunal reafirmó lo que siempre hemos sostenido: ningún presidente puede eliminar unilateralmente el derecho a solicitar asilo mediante una orden ejecutiva. Confiamos en que el gobierno de Estados Unidos recuerde su obligación legal de examinar las solicitudes de protección internacional y renueve su compromiso con los derechos fundamentales de quienes huyen de la persecución”, declaró Keren Zwick, directora de litigio del National Immigrant Justice Center.
“Hoy celebramos una victoria para el derecho de las personas a desplazarse a través de las fronteras. Es una oportunidad para afirmar los vínculos humanos que nos unen más allá de fronteras artificiales”, señaló Daniel Hatoum, abogado supervisor senior del Texas Civil Rights Project.
“La decisión emitida hoy por el Circuito de D.C. confirma que las decisiones arbitrarias del presidente no pueden sustituir el Estado de derecho en Estados Unidos. El derecho a solicitar asilo está sólidamente fundamentado tanto en el derecho interno como en obligaciones internacionales vinculantes. Este fallo representa una victoria significativa para nuestras clientas y clientes, a quienes se les negó el acceso a la protección bajo políticas diseñadas deliberadamente para cerrar las puertas a las personas que huyen de la violencia y la persecución —políticas incompatibles con esos estándares jurídicos y con las garantías básicas del debido proceso. Como organizaciones demandantes, litigamos este caso porque, en comunidades fronterizas como la nuestra, presenciamos a diario las consecuencias humanas de estas medidas. Las personas y familias que llegan buscan protección conforme a la ley y la posibilidad de vivir y trabajar con seguridad”, afirmó Nicolas Palazzo, director de incidencia y servicios legales del Las Americas Immigrant Advocacy Center.
“La decisión de hoy es una victoria para toda persona que busca seguridad y protección en nuestras fronteras”, expresó Laura St. John, directora legal del Florence Immigrant & Refugee Rights Project. “El derecho a solicitar asilo en Estados Unidos está protegido por la ley, y ninguna acción ejecutiva unilateral puede invalidar el sistema jurídico que el Congreso ha establecido. Celebramos que la Corte de Apelaciones del Circuito de D.C. haya reafirmado estos principios y exhortamos al gobierno de Estados Unidos a cumplir de inmediato con sus obligaciones y restablecer sin demora el procesamiento de solicitudes de asilo”.
“Desde enero del año pasado, el gobierno ha utilizado esta proclamación para ejecutar un cierre casi total del procesamiento de solicitudes de asilo, cerrando la puerta a familias, niñas, niños y personas adultas en situación de vulnerabilidad que buscan refugio”, señaló Melissa Crow, directora de litigio del Center for Gender & Refugee Studies (CGRS).
“Como concluyó acertadamente la corte, la ley estadounidense es clara: las personas que buscan protección tienen el derecho legal de solicitar asilo. El gobierno no puede invocar afirmaciones racistas e infundadas de una supuesta ‘invasión’ para pasar por encima del Congreso y privarlas de ese derecho”.
“La decisión de hoy del Circuito de D.C. confirma una verdad fundamental: el sistema migratorio estadounidense, tal como está codificado en la ley, no confiere al presidente un poder absoluto para pasar por encima del Congreso”, afirmó Faisal Al‑Juburi, codirector ejecutivo de RAICES. “El Estado de derecho es un pilar esencial de nuestra democracia, y la independencia judicial sigue siendo indispensable para su preservación”.
“Este fallo confirma que el presidente no puede fabricar pretextos para eliminar derechos vitales de las personas que buscan asilo”, sostuvo Arthur Spitzer, asesor jurídico senior de la ACLU del Distrito de Columbia. “Afortunadamente, las cortes siguen operando sobre la base de hechos y rechazaron las afirmaciones infundadas de una supuesta invasión”.
El fallo puede consultarse aquí.
Los antecedentes del caso están disponibles aquí.